Decenas de salvadoreños se manifestaron este domingo en el centro de San Salvador para exigir la derogación de la ley que reactivó la minería metálica, al advertir sobre su impacto ambiental, especialmente en el acceso al agua potable.
La legislación, aprobada el 23 de diciembre de 2023 a solicitud del presidente Nayib Bukele, puso fin a la prohibición de la extracción de metales vigente desde 2017.
Demanda de inconstitucionalidad y recolección de firmas por salvadoreños
Los manifestantes, convocados por organizaciones ambientalistas, anunciaron que este lunes presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, respaldada por más de 150,000 firmas de ciudadanos que se oponen a la medida.
Los asistentes portaban carteles con mensajes como "Sin oro se vive, sin agua se muere" y "Toda mina contamina", en rechazo a la actividad extractiva.
Riesgo para el río Lempa y críticas al gobierno
Uno de los principales temores de los opositores a la minería es la posible contaminación del río Lempa, principal fuente de abastecimiento de agua para el 70% de la población de San Salvador y sus alrededores.
El martes pasado, la Iglesia católica también se sumó a la oposición, presentando 150,000 firmas ante el Congreso para solicitar la derogación de la ley.
Por su parte, Bukele ha defendido la medida, afirmando que, según un estudio no divulgado, El Salvador posee yacimientos de oro valorados en 131,000 millones de dólares, lo que equivale al 380% del PIB del país.
FUENTE: AFP