En 2021, se aprobó la Ley 242 para regular el uso del cannabis medicinal en Panamá. Esta ley representó una esperanza para miles de pacientes con enfermedades crónicas que necesitan tratamientos seguros; sin embargo, la falta de voluntad en la administración pasada ha dejado a estos pacientes en una situación de vulnerabilidad, obligándolos a depender de mercados no regulados, donde los productos son costosos y peligrosos para la salud.
Durante su reciente discurso en las Naciones Unidas, el Presidente reafirmó su compromiso con atraer inversión extranjera y fortalecer el marco jurídico del país. Este mensaje debe ir de la mano con la implementación de políticas que beneficien a los ciudadanos, como la emisión de licencias para el cannabis medicinal, lo que no solo fortalecería el sector salud, sino también el marco jurídico prometido.
Los pacientes, que viven día a día con dolor e incertidumbre, necesitan que las promesas de protección se traduzcan en hechos. Durante demasiado tiempo, la falta de acción ha dejado a estas personas en una situación vulnerable, obligándolas a recurrir a productos no regulados que ponen en riesgo su salud. Confían en que el gobierno actuará para brindarles una solución.
La Ley 242 no solo regula la producción y distribución del cannabis medicinal, sino que también establece el derecho de los pacientes a acceder a estos tratamientos. Sin embargo, los retrasos en su implementación han generado una brecha entre la ley y la realidad que viven los pacientes. Las empresas han cumplido con las normativas, pero la falta de acción mantiene a los pacientes buscando productos en mercados no regulados, lo que es peligroso e innecesario.
Es esencial que las promesas de proteger a los más vulnerables se traduzcan en acciones concretas. Los pacientes crónicos que dependen del cannabis medicinal merecen ver sus derechos hechos realidad.
Expertos en salud destacan la urgencia de implementar un sistema regulado que ofrezca tratamientos seguros. Las empresas están listas para operar bajo estándares internacionales, pero sin las licencias, los pacientes seguirán expuestos a mercados no regulados.
El gobierno tiene en sus manos la capacidad de transformar la vida de miles de pacientes crónicos. Los recursos, las leyes y la infraestructura ya están listos; solo falta la voluntad política. Actuar ahora fortalecería tanto el acceso a tratamientos como la confianza en las instituciones.
Como dijo el Presidente en su discurso en Harvard: “Panamá avanza hacia un futuro donde la inversión y los derechos de los ciudadanos están protegidos por un marco jurídico sólido y transparente”. La implementación de la Ley 242 es una oportunidad para demostrar que el país está comprometido con ese futuro.
Los pacientes de Panamá merecen una solución, y el gobierno tiene la capacidad de dársela.